El año 2025 se consolidó como el más violento en la historia de Ecuador. Según datos preliminares de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre se contabilizaron 8.272 homicidios intencionales, superando los 8.248 registrados en todo 2023.

La denominada Zona 8, que incluye los municipios costeros de Guayaquil, Durán y Samborondón, concentró 2.760 asesinatos en los últimos 11 meses. Le siguen la provincia de Los Ríos, con 1.147 muertes violentas, y Manabí, con 1.141.

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Los datos señalan que más del 95% de los casos corresponden a violencia criminal y que las armas de fuego son el principal medio utilizado. La mayoría de las víctimas son hombres de entre 25 y 34 años.

En 2024, medidas del Ejecutivo como la declaratoria de «conflicto armado interno» y la militarización de cárceles lograron reducir los homicidios en un 14.4% respecto a 2023. Sin embargo, ese efecto no se mantuvo y la escalada de violencia exhibe cifras sin precedentes.

Bajo el mandato de Daniel Noboa, el país acumula 15.561 asesinatos. Para financiar los operativos de seguridad, el Gobierno elevó el impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15% en abril de 2024.

La ciudadanía no percibe que estos fondos se hayan invertido eficazmente, ya que la inseguridad persiste. En el contexto de la militarización, organizaciones de derechos humanos denuncian abusos por parte de los uniformados y desapariciones forzadas.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) ubicó a Ecuador entre las cuatro naciones con mayor índice de criminalidad debido a la presencia de bandas ligadas al narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y minería ilegal.

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